Simposio: Recuperando la integridad electoral en Venezuela: condiciones electorales necesarias para garantizar elecciones presidenciales libres y transparentes

Daniela Urosa

Universidad Católica Andrés Bello

El sistema electoral venezolano carece actualmente de las mínimas condiciones adecuadas de integridad electoral. Tales condiciones han ido mermando progresivamente en los procesos electorales de los últimos años, muy especialmente durante la fraudulenta elección presidencial de 2018. No en vano los más prestigiosos reportes internacionales de integridad electoral ubican a Venezuela en el rango más bajo en cumplimiento de condiciones electorales. En el reporte Electoral Integrity Project 2018 Mid-Year Update, se señala que “Venezuela tiene un desempeño extremadamente pobre en todas las dimensiones de la integridad electoral, muy por debajo del promedio mundial en todas las dimensiones. El puntaje del Índice PEI de Venezuela se ha reducido a la mitad en sus últimas tres elecciones presidenciales, de 54 en 2012 a 27 en 2018. Esta disminución se debió en gran parte a las importantes caídas en la calidad de las leyes electorales, los procedimientos electorales, el registro de partidos y la elección de las autoridades electorales” .

El régimen autoritario de Nicolás Maduro, con el apoyo de la asamblea nacional constituyente, del poder judicial y del poder electoral viciaron el sistema electoral venezolano al punto de lograr que a través de fraudes electorales y elecciones no competitivas Maduro y el partido de gobierno mantuviesen el control del poder, socavado las bases del sistema electoral y las garantías mínimas del derecho al voto.

Por esa razón, para poder convocar y llevar a efecto elecciones libres y competitivas que sean fiel reflejo de la voluntad de los electores, lo cual es condición necesaria para el retorno a la democracia y el estado de derecho en Venezuela, deben acometerse una serie de cambios en el sistema electoral venezolano que garanticen condiciones óptimas de integridad electoral.  Ello incluye, como mínimo, lo siguiente:

1. Eliminación de la asamblea nacional constituyente (ANC). la cual se instaló en 2017 en abierta violación a la Constitución de 1999 tanto por el modo en que fue convocada, el proceso de selección de sus miembros y en especial por las funciones totalitarias que asumió una vez instalada, lo que constituyó el quiebre definitivo del marco constitucional y del estado de derecho en Venezuela. Tal asamblea ha ejercido de manera írrita competencias del poder electoral, como es la convocatoria a elecciones, limitaciones a los derechos políticos y juramentación de candidatos. Por ende, la realización de elecciones justas en Venezuela exige como primera condición la disolución de dicha asamblea a fin de que los procesos electorales se enmarquen de nuevo dentro de los principios constitucionales que rigen al poder electoral y al sistema electoral venezolano.

2. Designación de nuevas autoridades del Poder Electoral. El árbitro electoral en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sus autoridades carecen totalmente de independencia y han actuado con total parcialidad a favor del partido de gobierno en todas las elecciones realizadas en la última década. Sus autoridades actuales fueron designadas por la Sala Constitucional y no por el poder legislativo que es lo que establece la Constitución de Venezuela. Como consecuencia de ello, el CNE no cumple con los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales (artículo 297 constitucional). En consecuencia, deben designarse nuevas autoridades electorales de acuerdo con la Constitución, el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

3. Designación de nuevos magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la cual ejerce la justicia electoral de acuerdo con la Constitución venezolana. Sin embargo, sus jueces carecen de independencia y responden a criterios de politización, lo que ha permitido el aval de vicios electorales, como sucedió en las elecciones presidenciales de 2013, la elección de la ANC de 2017, elecciones regionales de 2017 y elección presidencial de 2018. Además, la Sala Electoral suspendió parcialmente los resultados de las elecciones parlamentarias de 2015 en las que la oposición consiguió una mayoría calificada de escaños. En consecuencia es necesario designar nuevos jueces que respondan al criterio de independencia, ética judicial y especialización en materia electoral.

4. Designación de nuevos magistrados de la Sala Constitucional.  dicha Sala tiene la posibilidad de revisar las sentencias de la Sala electoral, avocarse a causas electorales, decidir recursos de interpretación constitucional y nulidad de leyes, entre otras competencias. Sin embargo, la Sala Constitucional ha sido el principal instrumento político a favor del autoritarismo en Venezuela en los últimos 20 años, muy en particular en materia electoral al avocarse e impedir la impugnación de las elecciones presidenciales de 2013 y al aplicar la tesis del desacato de la Asamblea Nacional, anulando de facto al Poder Legislativo. En consecuencia, cualquier proceso electoral libre y justo exige la nueva designación de todos los magistrados de la Sala Constitucional.

5. Depuración del registro electoral. La confiabilidad y veracidad del registro electoral se han visto afectadas por denuncias de fraude electoral y por la ausencia de auditorías sobre su proceso de actualización. Antes de la convocatoria a elecciones en Venezuela es necesaria la depuración y actualización de ese registro, lo cual exigiría la revisión exhaustiva de su data y del Registro Civil. El Registro Electoral debe ser más accesible y transparente para los ciudadanos, agilizando y facilitando la inscripción y actualización de votantes.

6. Garantía del derecho a la participación política y derecho al ejercicio de cargos públicos, los cuales han sido violados en las elecciones realizadas en Venezuela desde 2008, a consecuencia de la inhabilitación y privación de libertad de líderes políticos y la ilegalización de partidos políticos opositores, al punto de perderse totalmente la competitividad electoral y el pluralismo político en Venezuela. Un proceso electoral competitivo y democrático exigirá anular las ilegalizaciones de partidos políticos y las inhabilitaciones y encarcelaciones contra líderes políticos a fin de restablecer plenamente sus derechos electorales.

7. Observación electoral nacional e internacional. Durante la última década las elecciones en Venezuela se han caracterizado por la ausencia de debida observación electoral, permitiéndose solo una observación sesgada y favorable a los intereses del gobierno. Desde el año 2006 el CNE ha rechazado las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en 2018 rechazó también la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por ende, es necesario sustituir el principio de “acompañamiento internacional electoral” establecido por el CNE y establecer las condiciones que permitan una observación electoral fundamentada en los principios de transparencia, independencia, participación y contraloría social durante todas las fases de la elección.

8. Revisión del sistema de votación electrónica o automatizada. La empresa proveedora de tecnología electoral del CNE, la cual denunció la manipulación de los resultados en las elecciones de 2017 (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-4080455). En consecuencia, resulta necesaria una auditoría exhaustiva del sistema automatizado de votación en Venezuela. Ello además ayudará a retomar la confianza de los electores acerca del carácter secreto y veraz del voto, por años mermada a causa de las suspicacias y opacidad generadas por el sistema automatizado.

9. Garantía del sufragio de los venezolanos en el exterior. En la última década, el CNE ha establecido injustas restricciones al voto de los venezolanos que residen en el exterior, al limitar arbitrariamente la inscripción y actualización del Registro Electoral y exigirles residencia legal en el exterior para la inscripción y ejercicio del voto. En consecuencia, más de tres millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela no pueden ejercer el derecho al voto, pues de ellos solo están inscritos aproximadamente cien mil votantes en el Registro Electoral. Tales condiciones son inconstitucionales y deben eliminarse para garantizar la igualdad de condiciones de los venezolanos en el extranjero respecto de los que residen en el país.

10. Garantía del principio de equilibrio electoral durante la campaña electoral. En los últimos años las campañas electorales en Venezuela no han sido justas ni transparentes. El partido de gobierno ha utilizado ilegalmente fondos públicos para su campaña y ha incurrido en corrupción electoral. De igual modo, han sido frecuentes los actos de coacción sobre el electorado y el control oficial sobre los medios de comunicación, lo que impide que cualquier partido o candidato opositor pueda tener acceso igualitario a esos medios. Es necesario garantizar que la campaña electoral sea justa, equilibrada y transparente y que el CNE establezca las sanciones que sean necesarias para corregir las irregularidades que se presenten.

11. Prohibición del voto asistido y del “carnet de la patria”. En las últimas elecciones en Venezuela se ha limitado ilegítimamente el secreto del voto. En algunos casos el partido de gobierno ha coaccionado a los electores a cambio de comida y medicina y en otros casos se “acompaña” al ciudadano hasta el lugar de votación (“voto asistido”). Asimismo, se les exige la presentación del “carnet de la patria” que es una afiliación al partido de gobierno antes de votar. El CNE deberá garantizar el voto libre y secreto durante la votación, evitando cualquier forma de intimidación y coacción del electorado e imponiendo las sanciones que sean necesarias.

Estas condiciones no son sólo deseables, sino necesarias para llevar a cabo elecciones libres y justas.  El éxito de la transición y la restauración plena de la democracia y el estado de derecho en Venezuela requieren su cumplimiento.

Daniela Urosa es Profesora de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Visiting Scholar, Boston College Law School (2017-2019) y Coordinadora del Programa de Constitucionalismo Latinoamericano del Clough Center for the study of Constitutional Democracy, Boston College (2018-2019).

Cita sugerida: Daniela Urosa, ‘Recuperando la integridad electoral en Venezuela: condiciones electorales necesarias para garantizar elecciones presidenciales libres y transparentes’ IACL-AIDC Blog (20 mayo 2019) https://blog-iacl-aidc.org/crisis-in-venezuela/2019/5/20/recuperando-la-integridad-electoral-en-venezuela-condiciones-electorales-necesarias-para-garantizar-elecciones-presidenciales-libres-y-transparentes